Historia Contemporánea · Lectura: 6 min

La Dictadura de Primo de Rivera y el mito del «descuaje» del caciquismo

Estrategias de supervivencia de las élites locales en la Vega Baja del Segura bajo el marco institucional del nuevo régimen autoritario.

El golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 se presentó ante la opinión pública española bajo una bandera de regeneracionismo y limpieza de la vida pública. El principal elemento legitimador del nuevo régimen fue la promesa del «descuaje del caciquismo», término que la propaganda del Directorio utilizó para etiquetar de forma peyorativa a cualquier individuo o práctica vinculada a la «vieja política» de la Restauración.

Sin embargo, la reality en las administraciones locales, especialmente en comarcas como la Vega Baja del Segura, demostró que este discurso fue en gran medida un mito y que las élites tradicionales no solo sobrevivieron, sino que se adaptaron y reciclaron dentro de las nuevas instituciones del Estado.

La metamorfosis de las élites

Represión efímera · Relevo generacional · Reciclaje institucional · Control del agua

La represión inicial y el uso de la etiqueta «cacique»

En sus comienzos, la Dictadura aplicó medidas drásticas que parecían confirmar su voluntad purificadora. Se sustituyeron los gobernadores civiles por militares, se disolvieron ayuntamientos y diputaciones, y se promulgaron decretos como el de incompatibilidades, diseñado para evitar que cargos públicos ocuparan puestos en consejos de administración de empresas privadas.

En la provincia de Alicante, esta fase inicial se saldó con el encarcelamiento en el castillo de Santa Bárbara de destacados políticos locales, como el alcalde de Orihuela y varios concejales de la comarca. Un caso significativo fue el de Rafael Beltrán Ausó, figura clave de la red clientelar trinista, a quien se le aplicó el decreto de incompatibilidades para frenar sus aspiraciones, debido a su control sobre la compañía «Gas Alicante» mientras ejercía funciones públicas. No obstante, esta persecución tuvo un alcance temporal muy limitado, extinguiéndose para principios de 1924, cuando la mayoría de los procesados fueron indultados o amnistiados.

El trasvase de poder «de padres a hijos»

Ante la imposibilidad de encontrar gestores «neutrales» en un territory donde la política lo empapaba todo, el Directorio Militar optó por un relevo generacional controlado. En municipios como Almoradí, el mecanismo de sustitución consistió en nombrar para cargos institucionales (alcaldías y concejalías) a perfiles jóvenes que no tuvieran historial de cargos públicos previo a 1923, pero que eran, en la práctica, «hijos y, por consiguiente, continuadores de la obra de sus padres».

💡 Continuidad de las estructuras familiares

Un ejemplo paradigmático fue el de Manuel González Pérez, nombrado alcalde de Almoradí in 1924. Aunque él no tenía pasado político, su padre, Manuel González Sampere, había sido una figura central de la red chapista anterior. Este fenómeno permitió que las estructuras familiares de poder permanecieran intactas bajo un barniz de renovación.

El reciclaje institucional: Unión Patriótica, Somatén y Sindicatos

Para garantizar su reproducción material y social, las antiguas élites se replegaron hacia los nuevos organismos creados o potenciados por la Dictadura:

• ✓ Unión Patriótica (UP): El partido único sirvió como refugio para los notables locales. En la Vega Baja, la UP fue presidida por figuras como Antonio Girona Ortuño, cabeza de la red chapista durante la Restauración, quien desde esta plataforma siguió dirigiendo la política comarcal y provincial.
• ✓ El Somatén: Este cuerpo parapolicial integró a los «notables» del territorio (propietarios, jueces y familiares de alcaldes), otorgándoles una autoridad delegada directamente por el Estado para vigilar el orden público y vigilar a sus vecinos.
• ✓ Sindicalismo Católico Agrario: Las élites utilizaron estas organizaciones para mediatizar conflictos sociales, como la crisis del cáñamo. Al presidir las asambleas de agricultores, los caciques reforzaron su imagen de «protectores» ante su clientela, evitando que el descontento derivara en movimientos de clase y manteniendo el control vertical sobre la población rural.

La Confederación Sindical Hidrográfica del Segura (CSHS)

La Confederación Sindical Hidrográfica del Segura (CSHS), creada en 1926 bajo la Dictadura de Primo de Rivera, desempeñó un papel crucial en la supervivencia y consolidación de las redes caciquiles de la Vega Baja, permitiéndoles transitar desde el poder político tradicional hacia el control técnico y administrativo de un recurso vital: el agua.

A continuación se detalla cómo este organismo fue instrumentalizado por el caciquismo local:

1. Plataforma para el reciclaje de las élites

Aunque la Dictadura prometía el «descuaje» del caciquismo, la creación de la CSHS permitió que las antiguas clientelas (especialmente la red chapista) se institucionalizaran bajo un nuevo barniz regeneracionista. En lugar de desaparecer, los caciques se replegaron hacia la gestión del agua para asegurar su reproducción material y social.

2. Un sistema electoral excluyente

La CSHS se organizó mediante un sistema de sufragio censitario, donde el derecho a voto estaba condicionado a la posesión de un mínimo de tierras. Esto tuvo dos consecuencias inmediatas:

• Exclusión social: Quedaron fuera del proceso de decisión la gran masa de pequeños propietarios y arrendatarios de la cuenca.
• Monopolio de la red comarcal: Los puestos de «síndicos» (representantes) fueron copados íntegramente por las familias poderosas de la zona.

3. Control geográfico y familiar

Las elecciones de 1927 para la Confederación demostraron el control absoluto de las redes familiares sobre el territorio:

• Zona Quinta (Orihuela): Fue controlada por la burguesía urbana y terrateniente, destacando nombres como Francisco Díe Losada, Andrés Prescetto y los miembros de la familia Lucas.
• Zona Sexta (Almoradí hasta la desembocadura): Fue dominada por la familia Girona y sus aliados. Todos los síndicos elegidos pertenecían o estaban emparentados con el clan de Antonio Girona Ortuño, incluyendo a Manuel González Sampere (padre del alcalde de Almoradí) y Esteban Capdepón.

4. La figura del cacique como «protector»

Al copar la directiva de la CSHS, estos líderes obtuvieron la capacidad de decidir sobre el reparto del caudal, nuevos aprovechamientos y obras hidráulicas. Esto reforzó su prestigio y legitimidad ante sus «clientes», ya que ahora ostentaban una autoridad delegada por el Estado para actuar como protectores del territorio ante crisis o amenazas externas.

En conclusión, la Confederación no acabó con el caciquismo, sino que lo institucionalizó, convirtiendo el control del río Segura en la base primaria de un nuevo poder local que vinculaba estrechamente la política oficialista con la hegemonía sobre la tierra y el agua.

Corrupción y control de recursos estratégicos

La supervivencia de estas redes no fue meramente política, sino económica. Durante la Dictadura, estas familias coparon los puestos de decisión en la recién creada Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Mediante un sistema de sufragio censitario que exigía la posesión de tierras para votar, las familias Girona, Lucas, Díe y sus aliados aseguraron su control sobre el reparto del agua, recurso vital de la zona.

Incluso dentro de la estructura de vigilancia de la Dictadura se documentaron casos de corrupción. El delegado gubernativo de Dolores, Enrique Albert, fue procesado tras ser acusado de actuar como «juguete de los caciques» y de cobrar sumas de dinero a las élites locales a cambio de favorecer sus estrategias de acaparamiento de poder.

Conclusión: El fracaso del regeneracionismo local

En localidades como Guardamar del Segura, el desencanto con el régimen fue evidente. Figuras como José García Jover («el Guerrilla»), que inicialmente apoyaron la Dictadura confiando en su discurso contra el caciquismo de los Hernández, acabaron dimitiendo al comprobar que las redes clientelares persistían y que el régimen solo había servido para cambiar una facción por otra.

En definitiva, la Dictadura de Primo de Rivera no logró el «descuaje» prometido, sino que facilitó una metamorfosis de las élites locales, que utilizaron el nuevo marco autoritario para institucionalizar su hegemonía y asegurar su control sobre la tierra y el agua.

Fuentes y Bibliografía Académica

1

Daniela Ferrández Pérez

«La dictadura de Primo de Rivera en el Bajo Segura: ¿descuaje del caciquismo?», publicada en Baluard 9 (2020).
Aporta el análisis conceptual del mito del «descuaje», el relevo de «padres a hijos», el funcionamiento institucional de la UP, el Somatén y los sindicatos, así como los datos sobre la Confederación Hidrográfica del Segura, la crisis del cáñamo y los casos de Almoradí, Rafael Beltrán y Enrique Albert.

2

Ferran Gómez Albentosa

«Médicos entre pandorgos y descamisados. Penalva, Giménez y el pueblo de Guardamar (1923-1947)», publicada en Baluard 6 (2015).
Aporta la información específica de Guardamar del Segura, la hegemonía de la familia Hernández y la trayectoria de desencanto de José García Jover («el Guerrilla»).

Nota metodológica: Ambos autores utilizan metodologías de base prosopográfica (biografías de actores locales) y cruce de datos con archivos municipales, estatales y hemerografía histórica para demostrar la continuidad de las redes clientelares en la Vega Baja.

"La Dictadura de Primo de Rivera no logró el «descuaje» prometido, sino que facilitó una metamorfosis de las élites locales, que utilizaron el nuevo marco autoritario para institucionalizar su hegemonía."

— Balance del Fracaso Regeneracionista