Historia Contemporánea
El poder en la Vega Baja del Segura
Caciquismo, clientelismo y redes de poder (1875–1936)
Entre 1875 y 1936, la Vega Baja del Segura no fue una anomalía política. Fue el espejo perfecto de un sistema que gobernó toda España durante medio siglo: el caciquismo de la Restauración borbónica.
Para entender la política de esta comarca —que se extiende desde Orihuela hasta Guardamar, regada por el Segura antes de su desembocadura mediterránea— es imprescindible comprender primero la maquinaria que la hacía funcionar. El régimen diseñado por Antonio Cánovas del Castillo era, en teoría, constitucional y parlamentario. En la práctica, era una ficción organizada con notable eficiencia.
I. El sistema: anatomía del caciquismo
El sistema descansaba sobre el turno pacífico: una alternancia fabricada entre el Partido Liberal de Sagasta y el Partido Conservador de Cánovas. La clave era que esta alternancia no dependía de los resultados electorales, sino al revés: el rey llamaba a gobernar a uno u otro partido, y el partido en el gobierno fabricaba las elecciones que le concedían la mayoría.
El mecanismo concreto era el encasillado: el Ministerio de la Gobernación diseñaba de antemano la lista de candidatos que debían ganar en cada distrito. El reparto se negociaba previamente: el ganador se llevaba el 60-70% de los escaños; el perdedor, el 20-30%; y un 10% quedaba para otros grupos, como representación simbólica. Una vez aprobado en Madrid, los gobernadores civiles lo trasladaban a los caciques locales, que eran quienes ejecutaban el fraude en el territorio.
El cacique era el principal oligca de una zona: grandes propietarios, abogados, notarios o médicos con suficiente capital social y económico. Someta a su autoridad a la mayor parte de los habitantes a través de redes clientelares. El vínculo no era siempre coercitivo: ofrecía protección, trabajo, contratos, resolución de trámites o indultos militares. A cambio, el cliente votaba como se le indicaba, callaba cuando convenía y movilizaba a sus dependientes.
Cuando el sistema de favores fallaba, el cacique podía no contratar a los jornaleros díscolos, obstaculizar trámites o recurrir a la presión física. Pero esto era el último recurso. Según Javier Tusell, el caciquismo funcionaba sobre todo por «el consenso y la indiferencia política de la población», no tanto por la coacción abierta.
Los mecanismos fraudulentos tenían nombres propios que el lenguaje popular conocía bien: el pucherazo (adulterar el recuento), el cunero (candidato foráneo impuesto), la resurrección de difuntos (votar en nombre de fallecidos) y las actas en blanco (firmadas antes de la votación y rellenadas después).
II. La Vega Baja: territorio y estructura social
La estructura social era claramente dual: una minoría de grandes terratenientes —en su mayoría herederos de las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855)— controlaba la mayor parte de la tierra, mientras la mayoría trabajaba como jornaleros, pequeños arrendatarios o propietarios de minifundios insuficientes. Quien poseía la tierra poseía el empleo; quien poseía el empleo, poseía los votos.
Entre ambos extremos, una pequeña pero influyente capa de profesiones liberales —abogados, médicos, notarios— actuaba como intermediaria y formaba parte de las clientelas. Esta estructura hacía de la Vega Baja un territorio especialmente propicio para el caciquismo: la dependencia económica de la población respecto a los grandes propietarios creaba las condiciones perfectas para la movilización clientelar del voto.
III. Orihuela: el núcleo del poder oligárquico
Orihuela, ciudad episcopal y capital política de la comarca, concentraba los resortes del poder regional de un modo sin parangón.
Los Ruiz Capdepón – Ruiz Valarino: una dinastía liberal
Trinitario Ruiz Capdepón (1836-1911), oriundo de Orihuela y abogado formado en Valencia, fue diputado por su ciudad natal de manera casi ininterrumpida entre 1881 y 1903. Ocupó carteras ministeriales de primer rango: Ultramar, Gracia y Justicia y, crucialmente, Gobernación. Desde este último ministerio controlaba directamente el aparato electoral en toda España. Como señaló José Bono Martínez, fue «una de las figuras más destacadas de la política valenciana y española de la Restauración». Su poder no se basaba en fortuna familiar, sino en su capital político y en las redes que construyó durante décadas.
Su hijo, Trinitario Ruiz Valarino (1862-1945), continuó la obra con eficacia mayor. Fue ministro de Gracia y Justicia (1910) y de la Gobernación (1911), senador vitalicio desde 1912. Su clientela en la comarca era conocida como «los trinistas». En las elecciones de 1907 en el distrito de Dolores —que incluía Guardamar— desplegó un operativo de dieciocho notarios para supervisar las urnas y evitar fraudes de la facción contraria, ganando con una mayoría de aproximadamente 1.500 votos.
El Marqués de Rafal: el poder de la tierra
En el bando conservador, Alfonso Pardo Manuel de Villena, Marqués de Rafal, representaba el cacique clásico: gran terrateniente cuya influencia política era la proyección de su poder económico. Como mayor propietario de la comarca, controlaba el empleo de cientos de jornaleros. Fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (1926), institución que le otorgó el control del agua en una región de regadío intensivo: equivalente al control de la propia tierra.
Francisco Dié Losada y el sindicalismo católico
Francisco Dié Losada, comandante y alcalde de Orihuela, presidió la Federación de Sindicatos Agrícola-Católicos. Esta institución, impulsada por el canónigo Luis Almarcha Hernández (1887-1974), representaba la respuesta de la derecha agraria al movimiento obrero. En 1920 ya contaba con 45 sindicatos afiliados y un movimiento económico cercano a los dos millones de pesetas. Almarcha, que llegó a ser chantre de la catedral y vicario general, ilustra cómo el poder eclesiástico y el político se entretejían de manera indisoluble.
IV. Guardamar: el dominio de los Hernández
Si Orihuela era el centro comarcal, Guardamar era un ejemplo en miniatura de cómo el poder se articulaba a nivel local. Durante casi cuarenta años, un pueblo de tres a cinco mil habitantes permaneció bajo el control casi absoluto de una sola familia.
Antonio Hernández Lucas (1845-1931), propietario de numerosas fincas y concejal conservador en Alicante capital, ejerció en Guardamar lo que los contemporáneos llamarían un «caciquismo absoluto». Su clientela, los «Pandorgos», controló el Ayuntamiento sin interrupción. Curiosamente, Hernández Lucas era formalmente conservador en Alicante —donde convenía alinearse con la facción dominante— pero apoyaba a los liberales de Ruiz Valarino en su comarca natal. El objetivo no era la coherencia ideológica, sino la supervivencia política y la preservación de los intereses familiares.
Su hijo, Antonio Hernández Pérez (1875-1933), continuó la línea como registrador de la propiedad en Elche y diputado por Villena en 1923. La sucesión dinástica era prácticamente automática: los hijos heredaban no solo las tierras, sino también las redes, los deberes y los derechos políticos.
El poder de los Hernández no estaba exento de competencia. La facción rival se articulaba en torno a Joaquín Chapaprieta Torregrosa (1871-1951), abogado liberal y futuro ministro de Trabajo. Sus seguidores, los «Chapistas» o «Descamisados», reflejaban un carácter popular y una posición de menor poder económico. Terminaron abrazando el republicanismo como vía para liberarse del dominio de los Hernández: la alineación ideológica respondía a lógicas de rivalidad local antes que a convicciones abstractas.
V. Torrevieja: burguesía mercantil y rivalidades
Torrevieja representaba un caso distinto. Su riqueza se construyó sobre el comercio de sal —las más productivas de España— y redes mercantiles mediterráneas. La burguesía local tenía un perfil más mercantil que terrateniente, aunque ambos poderes terminaban confundiéndose.
Las familias Castell y Mínguez actuaban como caciques conservadores y partidarios trinistas. Su poder descansaba sobre el control del comercio local, las relaciones con la banca provincial y la capacidad para intermediar entre la comunidad y el poder político. La sal era el recurso estratégico: concesiones salineras, licencias de exportación y control de transportes conectaban lo local con lo provincial y lo nacional.
Chapaprieta, con su finca El Raso entre La Mata y Guardamar, era el gran rival intelectual del orden establecido. Su liberalismo era más tecnocrático e independiente: defendía la reforma fiscal, la intervención del Estado en la economía y un liberalismo alejado del puro clientelismo. Irónicamente, este hombre forjado en el viejo sistema caciquil llegaría a ser Presidente del Consejo de Ministros en 1935, demostrando cómo algunas figuras supieron adaptarse a los nuevos tiempos democráticos.
VI. Las «fuerzas vivas»: infraestructura del poder
El término «fuerzas vivas» era el eufemismo de la época para referirse al conjunto de actores que articulaban el poder real. No eran solo los caciques: eran toda la red de instituciones y personas que les daban soporte.
Las profesiones liberales actuaban como correa de transmisión. Abogados, notarios y médicos eran los intermediarios naturales entre la masa rural analfabeta y las instituciones del Estado. En Orihuela, los llamados «Santos Médicos» Escolano y García Rogel ejemplificaban este papel: certificaban dolencias para eximir del servicio militar y avalaban documentos administrativos, convirtiéndose en eslabones insustituibles del sistema.
Las instituciones económicas —Casinos, Cámaras de Comercio, banca local— eran el espacio donde las élites se reunían informalmente. La Banca Balaguer y la Caja de Monserrate de Orihuela demostraban que quien controlaba el crédito en una economía de subsistencia controlaba el destino de pequeños propietarios y arrendatarios.
El clero, finalmente, ejercía un control ideológico y social de primer orden. La creación por Almarcha de la Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos en 1919 no respondía a una lógica meramente religiosa, sino a una estrategia consciente de control social ante el avance del socialismo y el anarquismo entre los jornaleros.
VII. La mecánica cotidiana del poder
El caciquismo no era un espectáculo que ocurría cada cuatro años. Era el tejido de la vida pública.
El Ayuntamiento era el órgano de poder más directo: controlaba licencias, catastro, contratos, impuestos locales, cementerios y, crucialmente, el alistamiento y las excepciones al servicio militar. Las quintas —el sorteo que determinaba quién debía hacer el servicio militar— eran uno de los instrumentos de control más poderosos. En una época de guerras coloniales y conflictos en Marruecos, ser «soldado» suponía para las familias humildes un desastre económico y, potencialmente, la muerte.
Los impuestos de consumos gravaban artículos de primera necesidad —cereales, sal, alcohol— de manera regresiva. Su gestión, especialmente el arrendamiento a recaudadores privados, era una fuente permanente de corrupción: la familia que votaba bien podía encontrarse con una gestión más favorable de sus tributos.
VIII. La crisis del sistema: de Annual a Primo de Rivera
El sistema contenía los gérmenes de su propio agotamiento. El Desastre de 1898 —la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas— desencadenó el regeneracionismo de Joaquín Costa y su famosa fórmula de «escuela y despensa». Pero el golpe definitivo vino del Desastre de Annual (1921), con más de diez mil soldados muertos en Marruecos.
El Expediente Picasso amenazaba con revelar responsabilidades que, según se rumoreaba, alcanzaban al propio Rey Alfonso XIII. El golpe de Estado de Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923) fue, entre otras cosas, la respuesta del estamento militar para evitar que el proceso llegara a su término. Al día siguiente, toda la documentación de la Comisión de Responsabilidades fue requisada del Congreso.
Primo de Rivera presentó su régimen como una regeneración anticaciquil. El Real Decreto del 30 de septiembre de 1923 ordenó la sustitución de concejales electos por juntas de vocales asociados; los delegados gubernativos militares inspeccionaron ayuntamientos y auditaban cuentas. Pero la purga fue más teatral que real. En 1924, la amnistía general y la entente con los antiguos grupos de poder cancelaron el proyecto antes de empezar. Los caciques supervivientes volvieron a sus puestos.
IX. Conclusión: el peso de un sistema
El sistema de poder en la Vega Baja entre 1875 y 1936 no fue una anomalía local ni una patología regional. Fue la versión específica de un modelo político que gobernó España durante medio siglo y dejó una huella profunda en la cultura política, las instituciones y la memoria colectiva.
Lo que diferenciaba a la Vega Baja era la confluencia de factores: una economía de regadío intensivo que creaba dependencia extrema de los propietarios del agua y la tierra; una tradición episcopal fuerte que convertía a la Iglesia en actor político de primer orden; y una serie de figuras que supieron construir redes de poder extraordinariamente resistentes.
«Las víctimas de ese sistema no fueron solo las grandes víctimas históricas visibles —los fusilados en la Guerra Civil, los exiliados de la República— sino también los miles de hombres y mujeres anónimos que pagaron con su sujeción política, su dependencia económica y, en casos extremos, con su vida, el coste de mantener una estructura que no les representaba.»
Comprender ese sistema es la condición para no repetirlo.
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